sábado, 21 de junio de 2008

Avanza la modificación de la ley de promoción de microempresas







La iniciativa de la diputada Adriana Cudós fue aprobada por la Comisión de Industria y Minería de la Cámara baja. El proyecto busca la creación de un fondo provincial para potenciar el financiamiento de los pequeños y medianos emprendimientos productivos en la provincia.



DE LA REDACCION. En la última reunión de Comisión de Industria y Minería que preside el diputado Scipioni, se aprobó el proyecto de la legisladora pergaminense Adriana Cudós, cuya intención es modificar la actual normativa provincial 11.926 de Promoción de la Microempresa, a los efectos de proveer a las pequeños emprendedores bonaerenses de mayores alternativas crediticias y propone además la creación del Fondo Provincial de Microempresas, en virtud del cual y en su articulado señala “que se asignará a los municipios que celebren convenios con la autoridad de aplicación, y en forma proporcional a su población, y se tendrá particularmente en cuenta, la cantidad de microempresas registradas en la base de datos municipal”.

Por otra parte Cudós señala en su proyecto que “los municipios deberán, como condición previa, adherir a la presente ley y conformar la Mesa Institucional de Consenso, para el análisis de factibilidad técnica de los proyectos financiables y su impacto en el desarrollo local”.El Fondo para la Promoción de la Microempresa será integrado por los recursos que anualmente se asignen por la ley de presupuesto; los reintegros de los créditos imputables a este Fondo, así como los intereses que devenguen los mismos; los ingresos que provengan de legados o donaciones aceptados; los fondos y recursos que provengan de organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales.

Fundamentos

Entre los fundamentos expuestos en la iniciativa, se destaca que ”la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, aprobó, acompañar y adherir al Comité Nacional Promotor del Año Internacional del Microcrédito y las Microfinanza que, según lo resuelto oportunamente por las Naciones Unidas, declaraba a 2005 como el “Año Internacional del Mirocrédito y las Microfinanzas”, promoviendo en todo el mundo legislaciones y acciones tendientes a combatir la pobreza y la exclusión social a través de este tipo de acciones superadoras de la política de mera asistencia social”, y que “el acceso a la microfinanciación ayuda a mitigar la pobreza por medio de la generación de ingresos y la creación de empleos, permitiendo que los niños asistan a la escuela, que las familias tengan la adecuada atención de su salud, entre otras necesidades básicas.

El gran reto que se tiene por delante es retirar las trabas que excluyen a las personas y les impiden participar cabalmente en el sector financiero”. A raíz de ello y ratificando una firmeza en la creación de políticas activas de inclusión social, la Legislatura Nacional, sancionó el Proyecto de Ley bajo el número 26.117, que persigue la promoción y regulación del microcrédito, y en este marco, se pretende trabajar decididamente en el estímulo de la economía social y el desarrollo integral de las personas, los grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones sin fines de lucro de la sociedad civil que colaboran activamente en el cumplimiento de estas políticas sociales.

El proyecto de ley, define microcrédito, a “aquel préstamo destinado a financiar las actividades de emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, y por ende es grande y diverso el campo de acción de los posibles beneficiarios del mismo. Los destinatarios de los microcréditos, serán aquellas personas físicas o grupos asociativos de menores ingresos, que sean titulares de emprendimientos productivos y/o de servicios, y cuyas posibilidades reales de financiamiento sean escasas, y que realicen actividades de producción de manufacturas o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas”. Por otra parte, “el microcrédito hace en aquellos una clara contribución a la generación de empleo genuino y a la reducción de la pobreza y la exclusión social”.

Finalmente, cerrando la fundamentación de la iniciativa, la autora sostiene que, “la finalidad que persigue esta reformulación a la ley Nº 11.926 de microempresas es fortalecer desde el punto de vista financiero el desarrollo económico local y las actividades microempresariales, que carecen de estímulos y herramientas financieras para consolidar su crecimiento y transformarse en verdaderas Pymes en un futuro cercano, sostener el autoempleo y propender a la creación de nuevos puestos de trabajo, dando cabida en la gestión del desarrollo sustentable y la inclusión social”.

Fuente: La Opinión de Pergamino

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